viernes, 2 de junio de 2017

Apuntes para explicar la candidatura indígena en México (I): De la reforma política de 2014 a la postulación de María de Jesús Patricio Martínez

La reforma política de 2014 en México, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de febrero de ese año, modificó las reglas del juego electoral, y removió las bases de la representatividad política. Si bien se trata de un fenómeno global, la reforma electoral en México representó un paso más en la autodestrucción de los partidos políticos (Leer más sobre la defunción de los partidos políticos en http://lavoznet.blogspot.com.br/2016/06/el-suicidio-de-los-partidos-politicos-y.html). La lucha electoral se encuentra en los niveles más bajos de popularidad desde la Revolución Mexicana. Y nuevos actores (no partidistas) entran a la escena de los comicios. 

Para hacer memoria, cabe recordar que en 1996 se establecieron las bases del sistema partidocrático que operó hasta 2014. La traición de los partidos políticos a los Acuerdos de San Andrés (suscritos en febrero de 1996), sentó las bases del ordenamiento político-electoral del país por los siguientes dos decenios. Y por otro arreglo entre las principales fuerzas partidarias, concertado a espaldas del escrutinio público (como el Pacto por México u otros análogos), quedaron suspendidas las demandas de apertura y democratización incluidas en las negociaciones de los Acuerdos de San Andrés. La evidencia sugiere que, con la reforma de 2014, las élites en México recogieron (adulterado) el modelo “San Andrés” casi 20 años después, pero para construir, desde la derecha, un régimen de representatividad política basado en las candidaturas independientes, y con los partidos políticos como actores de reparto. No obstante, la reforma abrió espacios para la participación política de otros actores otrora condenados al ostracismo en la arena pública. 

Entre las disposiciones más significativas que comprende la reforma de 2014, destacan la abolición de las juntas estatales y la centralización de la organización electoral en un solo sistema nacional (Instituto Nacional Electoral), la habilitación de la reelección de legisladores y ayuntamientos, la implementación de ajustes al modelo de comunicación política, la regulación de coaliciones electorales, y la incorporación de las candidaturas independientes, que inaugura la posibilidad constitucional para que los ciudadanos puedan aspirar a ocupar cargos de elección popular, sin tener que pasar por la postulación de algún partido político. Los requisitos de firmas de apoyo para ser candidato son: del 1% del padrón electoral para presidente de la República y 2% para senadores y diputados. Esto significa que un aspirante a candidato presidencial debe reunir al menos 789 mil firmas de apoyo (Animal Político 27-V-2014). 

La habilitación de la figura de la candidatura independiente, aun cuando abre la posibilidad de instalar en el poder público a actores privados con capacidad de autofinanciamiento electoral y alejados del escrutinio ciudadano (como ya acontece en otros países: e.g. Donald Trump), introduce, acaso involuntariamente para el establishment tradicional, la oportunidad de que en esa grieta del sistema de partidos se filtren propuestas electorales que obedecen a las agendas de la resistencia organizada. Una de esas resistencias de largo aliento, ahora representada conjuntamente por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), anunció la postulación de una mujer indígena para contender en la elección presidencial de 2018. 

El pasado 28 de mayo, el CNI y el EZLN eligieron a María de Jesús Patricio Martínez como vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) de México, y candidata independiente para las elecciones presidenciales de 2018. 

María de Jesús es indígena nahua. Nació en el municipio de Tuxpan, en el estado de Jalisco, en 1963. Es una médica herbolaria reconocida por su labor en defensa de los pueblos indígenas. Tras su designación, Patricio Martínez llamó a los pueblos originarios a “participar en la reconstrucción del país, de la mano con el Consejo Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional” (Grieta 29-V-2017). 

Fortino Domínguez, representante zoque, definió el curso de acción de la candidatura, y refrendó el deslinde del CIG en relación con los “usos y costumbres” de los partidos políticos: “No vamos a hacer una campaña sino buscamos organizarnos junto con todo el país para desmontar el poder que desde arriba nos imponen. Este es un camino que comienza y es un camino colectivo. La experiencia en México nos dice que los partidos políticos tienen que ser deconstruidos, se deben acabar. Esa forma de hacer política ya no tiene una salida viable para nosotros” comentó Fortino quien además señaló “debemos deconstruir este Estado Nación. Nosotros ya estamos decididos a hacerlo” (Elio Henríquez en Rebelión 30-V-2017). 

Otro testimonio que abona al significado de la postulación de la candidata indígena es el del Profe Filo, representante de la región mixteca poblana: “El día de hoy es el más grande de nuestra historia. Nos tomó 20 años conocernos. Durante cinco siglos estuvimos en resistencia y hoy estamos haciendo un alzamiento indígena, el más grande en la historia de México y es no violento” (Ibidem). 

¿Qué significa la candidatura de una mujer indígena arropada por las resistencias más antiguas y transgresoras del país? 

Unos ven en esa disposición una ruptura con el programa original (la tradición autonómica no-institucional). Otros, la continuidad de una agenda de resistencia multifactorial que ahora incorpora el renglón electoral a la lucha. Algunos más, una treta para boicotear a Andrés Manuel López Obrador, candidato de centro-izquierda que perfila contender por tercera ocasión a la presidencia de la República. 

Para otros, no pocos, se trata de un segundo nacimiento de México. Apenas el inicio de una segunda y definitiva independencia. 

Ellos, los indígenas y zapatistas responden: “Llego la hora de nosotras y nosotros indígenas mexicanos…”



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